En el vibrante mundo de la justicia, donde cada detalle cuenta, la defensa del alcalde de Druskininkai, R. Malinauskas, condenado por corrupción, ha presentado un argumento crucial ante el Tribunal de Apelación de Lituania. Su abogado, Augustinas Vaičiūnas, solicita la absolución, argumentando que las sumas de dinero en cuestión no eran sobornos, sino pagos legítimos por servicios legales. Una distinción que, de ser aceptada, podría cambiar radicalmente el curso de este mediático caso.
Según la defensa, el alcalde no puede ser declarado culpable por las acciones de otros. El abogado enfatiza que su representado no debe cargar con la responsabilidad de terceros. Los detalles giran en torno a las afirmaciones de la fiscalía de que un ex asesor, Aivaras Kadziauskas, supuestamente rendía cuentas a Malinauskas por todo y que no tomaba decisiones sin su conocimiento. Además, se alega que Kadziauskas estaba al tanto del impacto sobre los jueces y que Malinauskas era informado de ello.
La Fiscalía se mantiene firme
Por otro lado, la Fiscalía General considera que las penas impuestas por el tribunal a los acusados de delitos de corrupción, relacionados con el intento de evitar la demolición de la ilegal "Vijūnėlės dvaras" en Druskininkai, deben mantenerse. Los fiscales piden que se desestimen las apelaciones, incluida la de R. Malinauskas.
En el marco de este caso, además del alcalde de Druskininkai, fueron llamados a declarar su ex asesor A. Kadziauskas y jueces de diversas instancias judiciales que resolvieron cuestiones relacionadas con la propiedad "Vijūnėlės dvaras".
Los detalles del presunto soborno
Según las autoridades, una parte considerable de esta causa penal se centra en presuntos actos delictivos cometidos en el verano de 2018, cuando supuestamente se intentó sobornar a jueces de varias instancias. El objetivo era obtener decisiones ilegales para salvar el edificio, ahora demolido, conocido públicamente como "Vijūnėlės dvaras".
R. Malinauskas está acusado de haber ofrecido un soborno de 60.000 euros para evitar la demolición de esta propiedad. La fiscalía afirma que el alcalde, a través de intermediarios, entregó el dinero para asegurar decisiones favorables en el caso civil que afectaba al edificio.
Ausencias y argumentaciones en el tribunal
Ni R. Malinauskas ni A. Kadziauskas estuvieron presentes en las recientes audiencias del Tribunal de Apelación de Lituania en Vilnius, aunque la ley les permite hacerlo. El juez Evaldas Gražys del Tribunal de Apelación de Lituania señaló a los abogados de los condenados que estos podrían asistir a las audiencias y expresar sus puntos de vista.
En esta causa penal, el dirigente de Druskininkai fue declarado culpable de un delito de corrupción y se le impuso una multa de 60.000 euros, además de una orden de incautación de 30.000 euros dictada por el Tribunal Regional de Kaunas.
La negación de culpa y la versión del alcalde
R. Malinauskas siempre ha negado su culpabilidad, incluso durante su declaración ante el Tribunal Regional de Kaunas. Declaró que nunca negoció con A. Kadziauskas ni con nadie más sobre la entrega de dinero o el soborno de alguien; simplemente, todo el dinero se pagó por servicios legales.
El alcalde admitió estar interesado en la preservación del edificio, situado en la calle Turistų, cerca de su propiedad. Afirmó haber acordado anteriormente readquirir la casa a Žilvinas Povilonis y no negó haber intentado persuadir a Povilonis para que no demoliera la estructura.
Malinauskas también declaró ante el tribunal que entregó su dinero personal a A. Kadziauskas, retirándolo de una caja fuerte. Confesó que confiaba en Kadziauskas y no le preguntó si había entregado el dinero.
El alcalde indicó además que pagó a A. Kadziauskas mediante transferencias y en efectivo, sumando decenas de miles de euros en transferencias y otras decenas de miles en efectivo. Es importante recordar que "Vijūnėlės dvaras", declarado ilegal, fue demolido en otoño de 2019. R. Malinauskas había dicho que la propiedad se estaba construyendo para él, aunque oficialmente su propietario era un amigo empresario, a quien el alcalde planeaba comprar el edificio una vez terminado.
¿Crees que la explicación de los pagos como servicios legales podría ser suficiente para exonerar al alcalde, o las pruebas de la fiscalía son demasiado contundentes?
